El Juicio contra Emilio Lozoya (parte 3/3)

 

La consecuencia de la reforma energética  ha sido la condena a la pobreza de los mexicanos a partir de la pérdida de recursos para la inversión en infraestructura básica para el desarrollo social, después de que los ingresos que se obtenían por la comercialización de los hidrocarburos han ido desapareciendo -con ellos la soberanía nacional-, en cambio se ha tenido que recurrir a la solicitud de préstamos para financiar el desarrollo y para pagar las deudas que generan las pérdidas de PEMEX. 

 

No sabemos el número de involucrados en “la trama de Odebrecht”. Esta confabulación rebasa la astucia de los miembros del gobierno en un sexenio, menos aún si se trata del período de Enrique Peña Nieto. Por otro lado, la privatización del sector energético trasciende cuando menos seis períodos presidenciales de acuerdo con las fechas en que comenzaron a ser reformados los artículos 27º y 28º[1] de la Carta Magna, que son los relativos a la propiedad y uso del suelo, subsuelo, mares, aguas nacionales y espacio aéreo, así como monopolios y telecomunicaciones respectivamente para permitir la inversión privada. Sin embargo, la intervención de la empresa Odebrecht en la vida política y económica de nuestro país fue determinante para consolidar la reforma energética. Puede ser que el grupo inicial de “los modernizadores” de este país tuviera el plan de la privatización de las empresas de energía  y de hidrocarburos desde la década de 1980 y las condiciones de su consolidación se dieran  apenas ocho años atrás.

 

El cálculo de las acciones para cambiar el orden libre y soberano de este país fue muy exacto: Primero un fraude electoral a través del financiamiento a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto con recursos extranjeros para garantizar las iniciativas de ley necesarias y el control de la población y las fuerzas armadas. Después la corrupción de los legisladores para transformar el orden constitucional que proporcionara el marco legal incuestionable que hiciera posible el establecimiento de empresas de capital privado nacional y extranjero -en algunos casos llegan a ser de capital mancomunado para reforzar su permanencia- en el sector estratégico de los hidrocarburos. Finalmente la omisión de la Suprema Corte de Justicia de vigilar el cumplimiento de la Constitución y hacer valer su espíritu republicano.

 

El primer objetivo de este juicio debería ser que todos los representantes de los poderes de la unión que se encontraban en funciones en el momento de la consumación de la reforma energética fueran sometidos a rendir cuentas a la población, con fundamento en el artículo 39º que dice La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno[2]. 

 

En la actualidad, los ciudadanos y los funcionarios públicos son dos entidades que se encuentran profundamente disociadas en nuestro país. La función pública se ha convertido en un medio de enriquecimiento individual que trae como consecuencia, la desvinculación con la población. Sin importar el partido político del que procedan, los funcionarios públicos de los tres poderes federales, estatales y municipales llegan a los cargos para proteger y continuar intereses creados, la oposición ha dejado de ser ideológica para convertirse en oposición de intereses y la elección popular en un objeto de manipulación para legitimar el acceso al poder. Más grave aún, cuando los partidos políticos no pueden lograr la manipulación necesaria para ganar elecciones, entonces recurren a toda clase de artilugios para obtener la victoria electoral, ésta se traduce en el reconocimiento oficial para hacer negocios privados y otorga un fuero legal y otro supra legal que consiste en que los funcionarios subsecuentes no pueden ni deben investigar a su antecesor, una verdadera patente de corso.

 

Hay una fisura más que hizo posible que se desarrollara esta trama, se encuentra en la sociedad misma. No supimos mantenernos alerta de las previsibles acometidas de todos aquellos que hubiesen perdido cualquier concesión estratégica a partir de la promulgación de la Constitución de 1917 para recuperar sus antiguas inversiones. No supimos anticiparnos a sus argucias para obtener nuevamente beneficios ni establecimos un medio para prevenir que nuestros gobernantes sucumbieran a sus presiones. Tampoco nos anticipamos a proteger nuestros bienes nacionales a partir de los cambios en la organización económica mundial del siglo pasado que incrementa la demanda de materias primas, por lo tanto, incrementa la tendencia a la colonización que, a diferencia del siglo XVI, en esta ocasión se consolida a través de las inversiones privadas nacionales o extranjeras.

 

Este juicio en cambio podría darnos la oportunidad de reconfigurar nuestra organización política y moral que diera origen a una nueva Carta Magna que reforzara la protección de nuestro patrimonio, recupere nuestra soberanía territorial y de recursos, al mismo tiempo que estableciera una mejor convivencia entre los mexicanos. Cuánta falta hace recuperar la esencia nacional que expresó texto original del artículo 31º de la Constitución de 1857 que a la letra decía:

 

Art. 31º.- Es obligación de todo mexicano:

I.               Defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de su patria.

II.              Prestar sus servicios en el Ejército o Guardia Nacional, conforme a las leyes orgánicas respectivas. (Fracción añadida en reforma: Ley de 10 de junio de 1898)

III.             Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

 

 

El pueblo no se ha otorgado hasta el momento, la facultad de vigilar y de pedir cuentas a los integrantes de los tres poderes de la unión. Emitir el voto cada tres o seis años como instrumento de premio o castigo a los partidos políticos no es suficiente para proteger nuestra seguridad interna y externa. Hasta el día de hoy los mexicanos hemos delegado la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar el territorio nacional con todas las riquezas que posee y que constituyen nuestro sustento, en vez de asumir la responsabilidad nosotros mismos

 

La experiencia nos ha demostrado de que los recursos naturales que posee nuestro territorio son el principal interés de los emprendedores extranjeros desde el momento en el que se descubrió este continente, su naturaleza es la búsqueda sin tregua de medios para apropiarse de esos bienes, por lo tanto, la defensa de esa riqueza debe ser permanente y todos los mexicanos debemos asumir esa responsabilidad.

 

En lo relativo al juicio formal se espera que se configuren y se prueben con valentía, todos los delitos que el caso amerita, posteriormente, los jueces han de emitir una resolución con apego a los principios jurídicos más estrictos para que conduzcan a la reparación de semejante afrenta cometida contra el pueblo de México. En otras palabras, que los jueces recuperen el virtuosismo que debe caracterizar a su profesión, que trasciendan a la historia por su fallo y que sean la inspiración para el surgimiento de una nueva identidad para los mexicanos. Ayudaría mucho a este fin que las audiencias fueran públicas para que la población adquiera el aprendizaje que le dejará este proceso y desnude el pensamiento de uno de los responsables de la situación descrita en este texto. Hace más de un siglo la solución se encontró en la violencia que desató una revolución armada. Hoy la oportunidad de la recomposición política y social la tiene el acto deliberativo de los jueces. 

 

En lo moral este juicio representa para los mexicanos, la oportunidad de remontarse a su propia historia en caso de conseguir la anulación de las reformas en el sector energético tal como ocurrió con la revocación de las concesiones telegráficas que otorgó Maximiliano de Habsburgo al Sr. Francisco A. Kieffer “en las líneas de Querétaro a San Luis pasando por San Miguel de Allende, y de Querétaro a Morelia”[3], asumiendo cualquier compromiso legal que el gobierno mexicano tuviera con el dueño de la concesión, más aún tratándose de una obra de tan amplia utilidad para la nación.

Hemos aprendido que nuestro país cae con facilidad en la lucha de los intereses privados con un costo muy alto, que nuestros oídos no distinguen rápidamente la demagogia veleidosa de personajes o de grupos políticos y empresariales que nos conducen a años de explotación que terminan con luchas armadas donde perdemos aún más. 

 

Así mimo hemos aprendido a usar las armas cuando nos invadían ejércitos en el siglo XIX, después aprendimos a luchar utilizando las ideas para defender los derechos de todos los mexicanos en el movimiento revolucionario, más adelante sobrevivimos a los gobiernos neoliberales y dimos la batalla democrática para vencerlos en las elecciones sin sucumbir a la tentación de un levantamiento armado, lo que nos hemos privado a nosotros mismos es un orden moral que nos de fortaleza de espíritu y nos ayude a templar nuestras debilidades.  ¿acaso todo lo anterior no demuestra que tenemos la posibilidad de vencer en el orden de lo deliberativo en esta ocasión?

 

Referencias Bibliográficas

 

-       Zarco, Francisco. Historia del Congreso Constituyente de 1857. Gobierno del Estado de Puebla, México. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, p.p. 241-258, 284-285, 728-817.

 

-       Magallón Ibarra, Jorge Mario (2005). La Intervención Francesa. Proceso y ejecución vs. Fernando Maximiliano de Habsburgo, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p.p. 219-281

 

 

-       Galeana, Patricia, et al. (2016) El contexto internacional. La legislación del Segundo Imperio. México, Secretaría de Cultura: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, p.p. 23-55

 

Referencias Electrónicas

 

-       Ley del 25 de enero de 1862. Ley para castigar los delitos contra la nación, el orden, la paz pública y las garantías individuales. (1862, 25 enero). Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/bicentena/fusil_max/05_anexo.pdf

 

-       Archivo General de la Nación, (2020, 14 de junio). #AGNRecuerda el Juicio de Maximiliano de Habsburgo, de emperador al paredón. Recuperado de https://www.gob.mx/agn/es/articulos/agnrecuerda-el-juicio-de-maximiliano-de-habsburgo-de-emperador-al-paredon?idiom=es

 

 

-        Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia del Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal. (1931, 4 de agosto). Libro Segundo, Título Primero:  Delitos contra la seguridad exterior de la Nación. Libro Segundo, Título Segundo: Delitos contra la seguridad interior de la Nación. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf/CPF_orig_14ago31_ima.pdf

 

-        Diario Oficial de la Federación de México (1970, 29 de julio) REFORMAS al Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia Federal y al Código Federal de Procedimiento Penales. Recuperado de http://dof.gob.mx/index_111.php?year=1970&month=07&day=29

 

-        Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma 2020, 8 mayo).  Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

 

-        Código Penal Federal (última reforma 2020, 1 julio). Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Federal.pdf

 

 

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[1] Desde 1983.

[2] Art. 39º Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEM)

[3] #AGNRecuerda el Juicio de Maximiliano de Habsburgo, de emperador al paredón. 

 

El juicio contra Emilio Lozoya (parte 2/3)

La fisura por donde pudieron haber penetrado los intereses lucrativos en los hidrocarburos no se encontraba en el texto constitucional, que a pesar de lo que fuera, logró equilibrar los intereses de todos los grupos sociales y protegió los recursos nacionales para beneficio de la población. El socavón se encontraba en la clase política, cada vez más desgastada por la 

represión contra los campesinos y los obreros (movimientos sociales de 1950-1970) donde las centrales sindicales de estos grupos, creadas por el “partido oficial” - surgido del poder para mantener el poder- ya no defendían los derechos de sus agremiados.

 

Hay que agregar la represión contra los estudiantes (1968-1971), los consuetudinarios fraudes electorales en los puestos de representación popular de menor rango, la indiscutible designación del sucesor presidencial - un miembro “destacado” del PRI, por supuesto, al que solía llamársele “el tapado”- hecha por el propio presidente en funciones, el impedimento legal para la participación política de partidos de oposición, la corrupción sobre todo en los años 1970 cuando hubo un flujo inconmensurable de dinero por la venta de petróleo crudo del que la población no se benefició. En síntesis, casi todos los integrantes del partido oficial eran insalvables, lo mismo que la burocracia que se había formado en ese partido o bajo su influencia, por consiguiente, cada vez era más difícil contar con el apoyo social.

 

En la década de 1980 el partido llegaba a un punto crucial, la Revolución ahora representaba represión, corrupción y fraude. La alternativa del PRI ante vencer o morir fue buscar una imagen distinta. Entonces llegó una generación de políticos jóvenes con un discurso “moderno” y novedoso que se deslindó de la Revolución -que parecía heredar principios insostenibles-. Hicieron posible el innovador ideario del neoliberalismo[1] que se resume, en una palabra, modernidad.

 

La modernidad significó la incorporación del país a una economía global -donde los mexicanos cambiamos oro por espejos como en la conquista- con mano de obra poco calificada y el regreso a la venta de materias primas sin procesar, con un estado reducido en su capacidad económica y política que transfirió los recursos públicos a los empresarios privados, la ley de la oferta y la demanda tenía que regular las relaciones sociales y productivas. En síntesis, la subordinación de la política y de todo lo público a los intereses económicos de un grupo vinculado a intereses extranjeros. Aquellos políticos iniciaron la obra de la desintegración del Estado y el debilitamiento de la sociedad. 

 

Los cambios se dieron en el orden jurídico primero, si había protesta o un rechazo abierto de la sociedad la respuesta de los nuevos gobernantes fue invariablemente la represión. Disolución de empresas altamente productivas, despidos masivos de trabajadores, aumento de la violencia, destrucción de la seguridad social y laboral, así como el aniquilamiento del salario que ha empobrecido a la sociedad mexicana, han sido una constante desde entonces. Es necesario mantener nuestra atención centrada en los efectos del “modelo político y económico”, porque destruyó la fortaleza moral de los mexicanos, que con el paso de los años facilitó las condiciones que llevaron al entorno del hecho histórico al que me refiero en el título.

 

A pesar de todos “los esfuerzos” de ese nuevo grupo priísta por mantener el poder dentro de su control y volver moderno a México, no vieron terminada su obra en dos o tres sexenios, tampoco pudieron mantenerse en el gobierno. Fue necesario jugar al juego de la alternancia política. El PAN[2] (des)gobernó a México de 2000-2012 y adoptó el mismo patrón económico, sin alguna aspiración política novedosa más que conservar el poder, incluso el segundo gobierno panista fue posible por el fraude electoral de 2006, el gobierno de Vicente Fox no fue capaz de conseguir que la gente se convenciera de votar por el mismo partido (PAN) que, al verse perdidos, optaron por el fraude tal como ocurrió en 1988   -entonces fue un candidato del PRI[3] el que llegó gracias a un fraude-. Fue necesaria una segunda generación de priístas neoliberales para concretar los planes de reformar la Constitución y cambiar el rumbo del país, éstos se han comportado más feroces e insaciables que sus progenitores. Continuaron el proyecto original ahora ligados    -indisolublemente- a los panistas. A pesar de esto, no hay que perder de vista a sus antecesores de la década de 1980.

 

La relevancia del juicio de Emilio Lozoya no se equipara a ningún otro en nuestra historia del siglo XX. México tiene en su acervo varios episodios en los que se ha comprometido la soberanía nacional, lamentablemente parece que nos volvemos a poner en el mismo sitio con cierta regularidad, y en cada escampada perdemos un trozo de dignidad. 

 

Nuestra nación fue despojada de la mitad del territorio en 1848, tuvimos cuatro invasiones en el siglo XIX, la última intervención[4] nos costó la ocupación del territorio durante poco más de cinco años y el establecimiento de una monarquía, aún cuando el pueblo mexicano había decidido constituirse en una república desde 1824.

 

Cinco años de guerra civil tomó a los mexicanos lograr la expulsión del invasor, no llegó solo, lo trajeron los conservadores mexicanos que esperaban restituir un régimen monárquico con una perspectiva más sui géneris aún, la casa reinante debía ser extranjera. Pidieron un rey a las monarquías católicas de Europa, los conservadores lograron que enviaran a México a Maximiliano de Habsburgo con el beneplácito de Francia. ¡Por fin tenían un rey! No se trataba de cualquier rey, se trataba de un Habsburgo, de la casa de los Austrias, como cuando empezó la colonia, igual que el primer monarca de estas tierras.

 

Para terminar con este episodio se estableció un tribunal militar de acuerdo con el decreto presidencial relativo a delitos contra la Nación del 25 de enero de 1862 emitido por el presidente constitucional Lic. Benito Juárez García en plena invasión de España, Francia e Inglaterra, para enjuiciar al Emperador por delitos contra la nación, por prolongar la guerra civil y por usurpación de funciones. A los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón que conspiraron contra el gobierno constitucional de Benito Juárez y favorecieron el establecimiento del II Imperio, se les acusó de traidores a la patria, los tres fueron fusilados el 16 de junio de 1867. México pone un límite ejemplar a tantas ofensas de las potencias invasoras y a los conservadores que tanto clamaban por un gobierno extranjero.

 

                       

               General Tomás Mejía                                                  General Miguel Miramón

 

A principios del siglo XX las inversiones extranjeras son la nueva forma de dominación y la peor de las conquistas es la económica, como lo dice José Vasconcelos[5], porque es más perversa, subyuga a los pueblos a través del hurto de los medios materiales de subsistencia hasta llevarlos a la más absoluta humillación. El pueblo de México se sacude esta dominación a través de las armas, esta vez le toma casi diez años y una revolución armada de mexicanos contra mexicanos para liberarse de las condiciones impuestas para favorecer a las compañías extranjeras y de la dictadura que ha puesto al país a su servicio.

 

El juicio de Emilio Lozoya representa la acusación de los mexicanos contra un conjunto de personas de origen mexicano también que, ominosamente han conspirado con extranjeros para afectar los intereses de la nación con la apertura a la inversión privada nacional y extranjera en la explotación de hidrocarburos y la desintegración de la empresa insignia de nuestra soberanía económica, que tantos esfuerzos tomó para su consolidación.

 

PEMEX ha sido desmantelada para obligar al Estado mexicano a permitir la participación de las empresas privadas nacionales o extranjeras en cada una de las áreas debilitadas, incluso, en los contratos firmados entre las compañías que actualmente participan en la explotación del petróleo, se ha establecido que PEMEX provea prioritariamente de los insumos necesarios a estas empresas a precios preferenciales, de lo contrario se hace acreedora a una serie de penalizaciones que necesariamente llevan a la quiebra, causando una incalculable pérdida de recursos a la nación mexicana.

 

Emilio Lozoya actualmente está siendo enjuiciado por varios delitos tales como tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito. Hasta el momento no tiene una acusación por traición a la patria, pero es importante saber en qué consiste este delito pues las reformas que resultaron del citado proceso modernizador tienen la participación de empresas extranjeras en decisiones exclusivas de los mexicanos y han dejado como consecuencia el envilecimiento de la vida política, el quebranto económico que padece México en estos momentos y la descomposición social. 

 

De acuerdo con el Código Penal Federal, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de enero de 2020 el delito de traición a la patria se define de esta forma:    

 

Libro Segundo, Título Primero: Delitos Contra la Seguridad de la Nación.

Capítulo I Traición a la Patria

 

ARTICULO 123.- Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: 

 

I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; 

II.- Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México. (párrafo 1 de 3)

XII.- Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración[6];

 

Este artículo contine quince fracciones, sin embargo, me limité a transcribir las fracciones que hasta el momento se pueden identificar en el proceso jurídico del Sr. Lozoya.

 

Es imprescindible que el juicio de Emilio Lozoya no se vuelva algo trivial. No es un vulgar acto de hurto. Se organizó deliberadamente un mecanismo de robo de recursos naturales en el que participaron los tres poderes de la unión, medios de comunicación y empresarios tanto mexicanos como extranjeros, se comprometió el territorio nacional, suelo y subsuelo, se maquinó el acto a través del uso de leyes totalmente lesivas a la nación pues no sólo se modificó la Constitución sino todas aquellas normas secundarias involucradas en el manejo de hidrocarburos y se elaboraron contratos que hacían imposible su disolución, de tal suerte que de afectar los intereses de Odebrecht y de otras empresas extranjeras con las mismas características, se pone en riesgo la seguridad nacional. 

 

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[1] Teoría económica creada después de la Segunda Guerra Mundial por el filósofo y economista Friederich August von Hayek que cobró gran impulso en América Latina a partir de 1972. Defendía los principios del capitalismo más agresivo frente al modelo económico de la escuela de John Mynard Keynes.  Propone la privatización de los servicios y empresas públicas para hacerlos eficientes y rentables, la eliminación de subsidios para fomentar la productividad y el gasto de la población y la mercantilización de todos los aspectos de la vida. En cambio, el modelo de estado de bienestar que propuso Keynes busca un capitalismo social, basado en el fortalecimiento para que sea capaz de regular las relaciones de producción (capital-trabajo), fomentar el empleo y distribuir la riqueza a través la recaudación proporcional de impuestos, la inversión en obra pública y la seguridad social, fomentando la creación de empresas para fortalecer el mercado interno.

 

[2] Partido Acción Nacional creado en 1939 para revertir las expropiaciones en el sector energético y del petróelo del gobierno de Lázaro Cárdenas, por pensadores y miembros de la Liga Nacional Sinarquista, organización de práctica católica que luchó por suprimir los artículos 3º, 27º y 130º constitucionales que limitaban sus actividades religiosas, su derecho a la propiedad, la práctica de culto y sus derechos políticos. En los años 1926-1929 organizaron la Guerra Cristera de los fieles católicos contra el Estado mexicano en el centro y el norte del país. 

[3] Enrique Peña Nieto.

[4] En diciembre e 1861 llega al puerto de Veracruz una Alianza Tripartita para exigir a México el cobro de la deuda que se tiene con esas naciones, producto de diversos créditos solicitados por el grupo conservador mexicano encabezado por Juan N.Almonte, Tomás Mejía y Miguel Miramón entre los años 1858-1860. Inglaterra, España y Francia amenazan con hacer la guerra a México si se opone a pagar inmediatamente. El presidente Juárez acepta pagar en plazos, Inglaterra y España abandonan las costas mexicanas y esperan el pago en sus países. Francia en cambio falta a su palabra y mantiene a su ejército junto con un refuerzo belga que se establece antes de la llegada de Maximiliano y se quedan hasta mayo de 1867. El 16 de junio de 1867

se formaliza el fin de la invasión con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo.

[5] Vaconcelos, J. Breve Historia de México (1956). Compaía Editorial Continental. México

[6] Código Penal Federal de México. Consultado el día 2 de agosto de 2020 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Federal.pdf

 

El juicio contra Emilio Lozoya (parte I/3)

 

Existen dos tipos de juicio uno de carácter jurídico y otro de carácter moral. El primero tiene una implicación colectiva, es relativo a conductas que dañan a la sociedad. Este juicio califica el cumplimiento de las normas legales, involucra a jueces y a un cuerpo de investigación para realizar este trabajo, ellos representan a la sociedad y tienen el mandato del soberano -el pueblo- de hacer cumplir nuestra Constitución y las leyes que deriven de ella[1]. Son procesos que deben tener por objeto la reparación del daño causado y la asignación de una pena aleccionadora que evite que una persona vuelva a cometer la misma falta u otras distintas. Su fin es salvaguardar el orden social.

 

El juicio moral es relativo a la conducta individual, es aquel en el que no participa un juez como figura de autoridad sino la conciencia propia y la comunidad que establece los límites de la conducta humana. La sociedad señala lo que es aceptado hacer y lo que es rechazado, exige comportamientos apegados a usos y costumbres, éstos se transmiten de generación en generación haciendo posible que cada individuo modere su conducta, de no hacerlo sufriría el rechazo social, por consiguiente, moldea la conciencia individual. Esta conciencia nos permite asumir nuestro lugar en la sociedad, discernir lo conveniente de lo inconveniente y asumir la responsabilidad de nuestros actos.

 

Ambas clases de juicios se relacionan. Lo moral es el conjunto de los mejores hábitos a los que aspiran todas las sociedades, por lo tanto, su cumplimiento consiste en la realización de la conducta ideal esperada, por ejemplo, si una sociedad aspira a formar ciudadanos valientes, cuando se presentase una guerra, todos los ciudadanos acudirían a defender su territorio con valentía. De esta forma se cumple con la conducta esperada. En un juicio ¿cuál sería la conducta esperada? Que el juez concluya una sentencia justa, en otras palabras, que se ciña a los códigos necesarios y emita una sentencia apegada a la magnitud del delito, condición ineludible para medir el daño causado y el alcance de la reparación. En síntesis, la práctica de lo moral radica en que se haga justicia, que es el mejor de los actos esperados de un juez.

 

En el caso del juicio moral la aspiración es poder moderar nuestro comportamiento y hacer siempre lo que se debe hacer, no lo que se quiere. El deber es producto de una aspiración social de buscar el mejor comportamiento, y aunque no se lograra en cada miembro, el sólo hecho de aspirar a lo mejor, ya es un impulso suficiente para temperar la conducta. 

 

Actualmente nuestro país está transitando por un juicio legal en contra de Emilio Lozoya Austin el exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de 2012 a 2016, la empresa estatal de extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos en México que alguna vez fue la 13ª empresa más rentable del mundo. 

 

Este hombre ha sido acusado por recibir diez millones de dólares de la empresa brasileña de capital privado Odebrecht, con el fin de conseguir contratos para la explotación de petróleo en México. Sin embargo, esta compañía estaba impedida para trabajar en nuestro país pues la Constitución Política prohibía -hasta antes de 2013- la participación de capital privado en la explotación petrolera porque era considerada como una industria estratégica para financiar el desarrollo nacional y debía ser manejada exclusivamente por el Estado.

 

Para conseguir el propósito de Odebrecht debían cumplirse dos condiciones, la primera que ganara el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de 2012, Enrique Peña Nieto. Tanto Lozoya como Peña Nieto militaban en el mismo partido que se formó[2] para mantener el poder político y militar que lograron los generales victoriosos de la Revolución a partir de su participación en el Ejército Constitucionalista -que defendía el orden jurídico de la Constitución Política de 1857-. Este grupo coronó su triunfo con la elaboración de una nueva Constitución en 1917 que, pese a todos los intentos de destruirla, sigue vigente hasta hoy día.

 

No obstante, desde hace cuarenta años aquel partido político inició varios cambios a la Constitución para posibilitar la inversión privada en los sectores estratégicos de la economía que no sólo incluyen a los hidrocarburos codiciados por Odebrecht sino también por las empresas extranjeras que ya habían explotado el petróleo a finales del siglo XIX hasta 1938. Como candidato del PRI, Peña Nieto continuaría con el plan de su partido facilitando las reformas necesarias.

 

La segunda condición consistía en reformar la Constitución para permitir la explotación y comercialización petrolera y de hidrocarburos en general. El camino de la transformación constitucional ha sido paulatino y con muchas adversidades pues la sociedad se ha opuesto a la pérdida de casi todas las empresas del estado que incluían las áreas esenciales de la economía: agricultura, industria textil, automóviles, ferrocarriles, minería, energía eléctrica, hidrocarburos, aviación, banca, construcción y telecomunicaciones con las respectivas industrias derivadas de cada una. Los cambios a la Constitución son un atentado en contra de la identidad nacional, han transformado los principios del pacto social de 1917 que dio a los mexicanos el fundamento jurídico para proteger la soberanía de nuestro territorio, permitió establecer relaciones equitativas entre el capital y el trabajo y sobre todo consolidó un Estado fuerte que hiciera cumplir la propia Constitución.

 

Emilio Lozoya contribuyó a hacer realidad el propósito de Odebrecht mientras se desempeñaba como director de PEMEX, con el dinero de la empresa brasileña -diez millones de dólares inicialmente- que sirvió para financiar una cadena de corrupción que incluyó aportaciones a la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto[3]  y posteriormente los sobornos a los legisladores particularmente del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN) para que no obstaculizaran la reforma energética. La traición a la patria también tiene precio.

 

PEMEX[4] surgió como resultado de la Revolución junto con la educación pública, la separación de los poderes del Estado y de la Iglesia y la protección de los derechos de los obreros y los campesinos; simboliza la emancipación económica de México de sus nuevos colonizadores de origen anglosajón, la lucha del pueblo de México contra sus autoridades ilegítimas, que se comportaban alevosas con el pueblo y sumisas ante las potencias extranjeras que tenían secuestrado al país a través de “las inversiones”. La Revolución Mexicana tomó diez años y un millón de vidas, su materialización fue la propia Constitución que prácticamente desde el día siguiente de su promulgación ha puesto al país en una lucha permanente por su aplicación y observancia, por otro lado, ha provocado el acecho de todos los capitales privados nacionales y extranjeros que resultaron afectados con la aplicación de la Constitución para aprovechar cualquier resquicio jurídico y volver a apropiarse del petróleo, del suelo y del subsuelo.

 

 

El desarrollo económico del país entre los años 30 y 70 del siglo pasado se fundamentó en la explotación de los recursos naturales y en el procesamiento del petróleo que le dieron a México la posibilidad de desarrollar al resto de la industria, mantener a la sociedad con acceso a fuentes de empleo, satisfactores básicos a precios accesibles -a mediados de 1970, sólo tres de cada diez mexicanos eran pobres, actualmente sucede lo contrario, siete de cada diez son pobres- y  estabilidad política a pesar de que el PRI se volvía cada vez más despótico y represor con la sociedad.

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[1] El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y de la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. (Art. 41º párrafo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

 

 

[2] En 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario.

[3] La campaña inició en 2012. El 1º de julio de 2012 se llevó a cabo la elección presidencial y tres días después se anunció el triunfo electoral de la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto.

[4] PEMEX fue creada en 1938.