El juicio contra Emilio Lozoya (parte 2/3)

La fisura por donde pudieron haber penetrado los intereses lucrativos en los hidrocarburos no se encontraba en el texto constitucional, que a pesar de lo que fuera, logró equilibrar los intereses de todos los grupos sociales y protegió los recursos nacionales para beneficio de la población. El socavón se encontraba en la clase política, cada vez más desgastada por la 

represión contra los campesinos y los obreros (movimientos sociales de 1950-1970) donde las centrales sindicales de estos grupos, creadas por el “partido oficial” - surgido del poder para mantener el poder- ya no defendían los derechos de sus agremiados.

 

Hay que agregar la represión contra los estudiantes (1968-1971), los consuetudinarios fraudes electorales en los puestos de representación popular de menor rango, la indiscutible designación del sucesor presidencial - un miembro “destacado” del PRI, por supuesto, al que solía llamársele “el tapado”- hecha por el propio presidente en funciones, el impedimento legal para la participación política de partidos de oposición, la corrupción sobre todo en los años 1970 cuando hubo un flujo inconmensurable de dinero por la venta de petróleo crudo del que la población no se benefició. En síntesis, casi todos los integrantes del partido oficial eran insalvables, lo mismo que la burocracia que se había formado en ese partido o bajo su influencia, por consiguiente, cada vez era más difícil contar con el apoyo social.

 

En la década de 1980 el partido llegaba a un punto crucial, la Revolución ahora representaba represión, corrupción y fraude. La alternativa del PRI ante vencer o morir fue buscar una imagen distinta. Entonces llegó una generación de políticos jóvenes con un discurso “moderno” y novedoso que se deslindó de la Revolución -que parecía heredar principios insostenibles-. Hicieron posible el innovador ideario del neoliberalismo[1] que se resume, en una palabra, modernidad.

 

La modernidad significó la incorporación del país a una economía global -donde los mexicanos cambiamos oro por espejos como en la conquista- con mano de obra poco calificada y el regreso a la venta de materias primas sin procesar, con un estado reducido en su capacidad económica y política que transfirió los recursos públicos a los empresarios privados, la ley de la oferta y la demanda tenía que regular las relaciones sociales y productivas. En síntesis, la subordinación de la política y de todo lo público a los intereses económicos de un grupo vinculado a intereses extranjeros. Aquellos políticos iniciaron la obra de la desintegración del Estado y el debilitamiento de la sociedad. 

 

Los cambios se dieron en el orden jurídico primero, si había protesta o un rechazo abierto de la sociedad la respuesta de los nuevos gobernantes fue invariablemente la represión. Disolución de empresas altamente productivas, despidos masivos de trabajadores, aumento de la violencia, destrucción de la seguridad social y laboral, así como el aniquilamiento del salario que ha empobrecido a la sociedad mexicana, han sido una constante desde entonces. Es necesario mantener nuestra atención centrada en los efectos del “modelo político y económico”, porque destruyó la fortaleza moral de los mexicanos, que con el paso de los años facilitó las condiciones que llevaron al entorno del hecho histórico al que me refiero en el título.

 

A pesar de todos “los esfuerzos” de ese nuevo grupo priísta por mantener el poder dentro de su control y volver moderno a México, no vieron terminada su obra en dos o tres sexenios, tampoco pudieron mantenerse en el gobierno. Fue necesario jugar al juego de la alternancia política. El PAN[2] (des)gobernó a México de 2000-2012 y adoptó el mismo patrón económico, sin alguna aspiración política novedosa más que conservar el poder, incluso el segundo gobierno panista fue posible por el fraude electoral de 2006, el gobierno de Vicente Fox no fue capaz de conseguir que la gente se convenciera de votar por el mismo partido (PAN) que, al verse perdidos, optaron por el fraude tal como ocurrió en 1988   -entonces fue un candidato del PRI[3] el que llegó gracias a un fraude-. Fue necesaria una segunda generación de priístas neoliberales para concretar los planes de reformar la Constitución y cambiar el rumbo del país, éstos se han comportado más feroces e insaciables que sus progenitores. Continuaron el proyecto original ahora ligados    -indisolublemente- a los panistas. A pesar de esto, no hay que perder de vista a sus antecesores de la década de 1980.

 

La relevancia del juicio de Emilio Lozoya no se equipara a ningún otro en nuestra historia del siglo XX. México tiene en su acervo varios episodios en los que se ha comprometido la soberanía nacional, lamentablemente parece que nos volvemos a poner en el mismo sitio con cierta regularidad, y en cada escampada perdemos un trozo de dignidad. 

 

Nuestra nación fue despojada de la mitad del territorio en 1848, tuvimos cuatro invasiones en el siglo XIX, la última intervención[4] nos costó la ocupación del territorio durante poco más de cinco años y el establecimiento de una monarquía, aún cuando el pueblo mexicano había decidido constituirse en una república desde 1824.

 

Cinco años de guerra civil tomó a los mexicanos lograr la expulsión del invasor, no llegó solo, lo trajeron los conservadores mexicanos que esperaban restituir un régimen monárquico con una perspectiva más sui géneris aún, la casa reinante debía ser extranjera. Pidieron un rey a las monarquías católicas de Europa, los conservadores lograron que enviaran a México a Maximiliano de Habsburgo con el beneplácito de Francia. ¡Por fin tenían un rey! No se trataba de cualquier rey, se trataba de un Habsburgo, de la casa de los Austrias, como cuando empezó la colonia, igual que el primer monarca de estas tierras.

 

Para terminar con este episodio se estableció un tribunal militar de acuerdo con el decreto presidencial relativo a delitos contra la Nación del 25 de enero de 1862 emitido por el presidente constitucional Lic. Benito Juárez García en plena invasión de España, Francia e Inglaterra, para enjuiciar al Emperador por delitos contra la nación, por prolongar la guerra civil y por usurpación de funciones. A los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón que conspiraron contra el gobierno constitucional de Benito Juárez y favorecieron el establecimiento del II Imperio, se les acusó de traidores a la patria, los tres fueron fusilados el 16 de junio de 1867. México pone un límite ejemplar a tantas ofensas de las potencias invasoras y a los conservadores que tanto clamaban por un gobierno extranjero.

 

                       

               General Tomás Mejía                                                  General Miguel Miramón

 

A principios del siglo XX las inversiones extranjeras son la nueva forma de dominación y la peor de las conquistas es la económica, como lo dice José Vasconcelos[5], porque es más perversa, subyuga a los pueblos a través del hurto de los medios materiales de subsistencia hasta llevarlos a la más absoluta humillación. El pueblo de México se sacude esta dominación a través de las armas, esta vez le toma casi diez años y una revolución armada de mexicanos contra mexicanos para liberarse de las condiciones impuestas para favorecer a las compañías extranjeras y de la dictadura que ha puesto al país a su servicio.

 

El juicio de Emilio Lozoya representa la acusación de los mexicanos contra un conjunto de personas de origen mexicano también que, ominosamente han conspirado con extranjeros para afectar los intereses de la nación con la apertura a la inversión privada nacional y extranjera en la explotación de hidrocarburos y la desintegración de la empresa insignia de nuestra soberanía económica, que tantos esfuerzos tomó para su consolidación.

 

PEMEX ha sido desmantelada para obligar al Estado mexicano a permitir la participación de las empresas privadas nacionales o extranjeras en cada una de las áreas debilitadas, incluso, en los contratos firmados entre las compañías que actualmente participan en la explotación del petróleo, se ha establecido que PEMEX provea prioritariamente de los insumos necesarios a estas empresas a precios preferenciales, de lo contrario se hace acreedora a una serie de penalizaciones que necesariamente llevan a la quiebra, causando una incalculable pérdida de recursos a la nación mexicana.

 

Emilio Lozoya actualmente está siendo enjuiciado por varios delitos tales como tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito. Hasta el momento no tiene una acusación por traición a la patria, pero es importante saber en qué consiste este delito pues las reformas que resultaron del citado proceso modernizador tienen la participación de empresas extranjeras en decisiones exclusivas de los mexicanos y han dejado como consecuencia el envilecimiento de la vida política, el quebranto económico que padece México en estos momentos y la descomposición social. 

 

De acuerdo con el Código Penal Federal, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de enero de 2020 el delito de traición a la patria se define de esta forma:    

 

Libro Segundo, Título Primero: Delitos Contra la Seguridad de la Nación.

Capítulo I Traición a la Patria

 

ARTICULO 123.- Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: 

 

I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; 

II.- Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México. (párrafo 1 de 3)

XII.- Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración[6];

 

Este artículo contine quince fracciones, sin embargo, me limité a transcribir las fracciones que hasta el momento se pueden identificar en el proceso jurídico del Sr. Lozoya.

 

Es imprescindible que el juicio de Emilio Lozoya no se vuelva algo trivial. No es un vulgar acto de hurto. Se organizó deliberadamente un mecanismo de robo de recursos naturales en el que participaron los tres poderes de la unión, medios de comunicación y empresarios tanto mexicanos como extranjeros, se comprometió el territorio nacional, suelo y subsuelo, se maquinó el acto a través del uso de leyes totalmente lesivas a la nación pues no sólo se modificó la Constitución sino todas aquellas normas secundarias involucradas en el manejo de hidrocarburos y se elaboraron contratos que hacían imposible su disolución, de tal suerte que de afectar los intereses de Odebrecht y de otras empresas extranjeras con las mismas características, se pone en riesgo la seguridad nacional. 

 

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[1] Teoría económica creada después de la Segunda Guerra Mundial por el filósofo y economista Friederich August von Hayek que cobró gran impulso en América Latina a partir de 1972. Defendía los principios del capitalismo más agresivo frente al modelo económico de la escuela de John Mynard Keynes.  Propone la privatización de los servicios y empresas públicas para hacerlos eficientes y rentables, la eliminación de subsidios para fomentar la productividad y el gasto de la población y la mercantilización de todos los aspectos de la vida. En cambio, el modelo de estado de bienestar que propuso Keynes busca un capitalismo social, basado en el fortalecimiento para que sea capaz de regular las relaciones de producción (capital-trabajo), fomentar el empleo y distribuir la riqueza a través la recaudación proporcional de impuestos, la inversión en obra pública y la seguridad social, fomentando la creación de empresas para fortalecer el mercado interno.

 

[2] Partido Acción Nacional creado en 1939 para revertir las expropiaciones en el sector energético y del petróelo del gobierno de Lázaro Cárdenas, por pensadores y miembros de la Liga Nacional Sinarquista, organización de práctica católica que luchó por suprimir los artículos 3º, 27º y 130º constitucionales que limitaban sus actividades religiosas, su derecho a la propiedad, la práctica de culto y sus derechos políticos. En los años 1926-1929 organizaron la Guerra Cristera de los fieles católicos contra el Estado mexicano en el centro y el norte del país. 

[3] Enrique Peña Nieto.

[4] En diciembre e 1861 llega al puerto de Veracruz una Alianza Tripartita para exigir a México el cobro de la deuda que se tiene con esas naciones, producto de diversos créditos solicitados por el grupo conservador mexicano encabezado por Juan N.Almonte, Tomás Mejía y Miguel Miramón entre los años 1858-1860. Inglaterra, España y Francia amenazan con hacer la guerra a México si se opone a pagar inmediatamente. El presidente Juárez acepta pagar en plazos, Inglaterra y España abandonan las costas mexicanas y esperan el pago en sus países. Francia en cambio falta a su palabra y mantiene a su ejército junto con un refuerzo belga que se establece antes de la llegada de Maximiliano y se quedan hasta mayo de 1867. El 16 de junio de 1867

se formaliza el fin de la invasión con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo.

[5] Vaconcelos, J. Breve Historia de México (1956). Compaía Editorial Continental. México

[6] Código Penal Federal de México. Consultado el día 2 de agosto de 2020 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Federal.pdf