Existen dos tipos de juicio uno de carácter jurídico y otro de carácter moral. El primero tiene una implicación colectiva, es relativo a conductas que dañan a la sociedad. Este juicio califica el cumplimiento de las normas legales, involucra a jueces y a un cuerpo de investigación para realizar este trabajo, ellos representan a la sociedad y tienen el mandato del soberano -el pueblo- de hacer cumplir nuestra Constitución y las leyes que deriven de ella[1]. Son procesos que deben tener por objeto la reparación del daño causado y la asignación de una pena aleccionadora que evite que una persona vuelva a cometer la misma falta u otras distintas. Su fin es salvaguardar el orden social.
El juicio moral es relativo a la conducta individual, es aquel en el que no participa un juez como figura de autoridad sino la conciencia propia y la comunidad que establece los límites de la conducta humana. La sociedad señala lo que es aceptado hacer y lo que es rechazado, exige comportamientos apegados a usos y costumbres, éstos se transmiten de generación en generación haciendo posible que cada individuo modere su conducta, de no hacerlo sufriría el rechazo social, por consiguiente, moldea la conciencia individual. Esta conciencia nos permite asumir nuestro lugar en la sociedad, discernir lo conveniente de lo inconveniente y asumir la responsabilidad de nuestros actos.
Ambas clases de juicios se relacionan. Lo moral es el conjunto de los mejores hábitos a los que aspiran todas las sociedades, por lo tanto, su cumplimiento consiste en la realización de la conducta ideal esperada, por ejemplo, si una sociedad aspira a formar ciudadanos valientes, cuando se presentase una guerra, todos los ciudadanos acudirían a defender su territorio con valentía. De esta forma se cumple con la conducta esperada. En un juicio ¿cuál sería la conducta esperada? Que el juez concluya una sentencia justa, en otras palabras, que se ciña a los códigos necesarios y emita una sentencia apegada a la magnitud del delito, condición ineludible para medir el daño causado y el alcance de la reparación. En síntesis, la práctica de lo moral radica en que se haga justicia, que es el mejor de los actos esperados de un juez.
En el caso del juicio moral la aspiración es poder moderar nuestro comportamiento y hacer siempre lo que se debe hacer, no lo que se quiere. El deber es producto de una aspiración social de buscar el mejor comportamiento, y aunque no se lograra en cada miembro, el sólo hecho de aspirar a lo mejor, ya es un impulso suficiente para temperar la conducta.
Actualmente nuestro país está transitando por un juicio legal en contra de Emilio Lozoya Austin el exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de 2012 a 2016, la empresa estatal de extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos en México que alguna vez fue la 13ª empresa más rentable del mundo.
Este hombre ha sido acusado por recibir diez millones de dólares de la empresa brasileña de capital privado Odebrecht, con el fin de conseguir contratos para la explotación de petróleo en México. Sin embargo, esta compañía estaba impedida para trabajar en nuestro país pues la Constitución Política prohibía -hasta antes de 2013- la participación de capital privado en la explotación petrolera porque era considerada como una industria estratégica para financiar el desarrollo nacional y debía ser manejada exclusivamente por el Estado.
Para conseguir el propósito de Odebrecht debían cumplirse dos condiciones, la primera que ganara el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de 2012, Enrique Peña Nieto. Tanto Lozoya como Peña Nieto militaban en el mismo partido que se formó[2] para mantener el poder político y militar que lograron los generales victoriosos de la Revolución a partir de su participación en el Ejército Constitucionalista -que defendía el orden jurídico de la Constitución Política de 1857-. Este grupo coronó su triunfo con la elaboración de una nueva Constitución en 1917 que, pese a todos los intentos de destruirla, sigue vigente hasta hoy día.
No obstante, desde hace cuarenta años aquel partido político inició varios cambios a la Constitución para posibilitar la inversión privada en los sectores estratégicos de la economía que no sólo incluyen a los hidrocarburos codiciados por Odebrecht sino también por las empresas extranjeras que ya habían explotado el petróleo a finales del siglo XIX hasta 1938. Como candidato del PRI, Peña Nieto continuaría con el plan de su partido facilitando las reformas necesarias.
La segunda condición consistía en reformar la Constitución para permitir la explotación y comercialización petrolera y de hidrocarburos en general. El camino de la transformación constitucional ha sido paulatino y con muchas adversidades pues la sociedad se ha opuesto a la pérdida de casi todas las empresas del estado que incluían las áreas esenciales de la economía: agricultura, industria textil, automóviles, ferrocarriles, minería, energía eléctrica, hidrocarburos, aviación, banca, construcción y telecomunicaciones con las respectivas industrias derivadas de cada una. Los cambios a la Constitución son un atentado en contra de la identidad nacional, han transformado los principios del pacto social de 1917 que dio a los mexicanos el fundamento jurídico para proteger la soberanía de nuestro territorio, permitió establecer relaciones equitativas entre el capital y el trabajo y sobre todo consolidó un Estado fuerte que hiciera cumplir la propia Constitución.
Emilio Lozoya contribuyó a hacer realidad el propósito de Odebrecht mientras se desempeñaba como director de PEMEX, con el dinero de la empresa brasileña -diez millones de dólares inicialmente- que sirvió para financiar una cadena de corrupción que incluyó aportaciones a la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto[3] y posteriormente los sobornos a los legisladores particularmente del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN) para que no obstaculizaran la reforma energética. La traición a la patria también tiene precio.
PEMEX[4] surgió como resultado de la Revolución junto con la educación pública, la separación de los poderes del Estado y de la Iglesia y la protección de los derechos de los obreros y los campesinos; simboliza la emancipación económica de México de sus nuevos colonizadores de origen anglosajón, la lucha del pueblo de México contra sus autoridades ilegítimas, que se comportaban alevosas con el pueblo y sumisas ante las potencias extranjeras que tenían secuestrado al país a través de “las inversiones”. La Revolución Mexicana tomó diez años y un millón de vidas, su materialización fue la propia Constitución que prácticamente desde el día siguiente de su promulgación ha puesto al país en una lucha permanente por su aplicación y observancia, por otro lado, ha provocado el acecho de todos los capitales privados nacionales y extranjeros que resultaron afectados con la aplicación de la Constitución para aprovechar cualquier resquicio jurídico y volver a apropiarse del petróleo, del suelo y del subsuelo.
El desarrollo económico del país entre los años 30 y 70 del siglo pasado se fundamentó en la explotación de los recursos naturales y en el procesamiento del petróleo que le dieron a México la posibilidad de desarrollar al resto de la industria, mantener a la sociedad con acceso a fuentes de empleo, satisfactores básicos a precios accesibles -a mediados de 1970, sólo tres de cada diez mexicanos eran pobres, actualmente sucede lo contrario, siete de cada diez son pobres- y estabilidad política a pesar de que el PRI se volvía cada vez más despótico y represor con la sociedad.
[1] El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y de la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. (Art. 41º párrafo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)
[2] En 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario.
[3] La campaña inició en 2012. El 1º de julio de 2012 se llevó a cabo la elección presidencial y tres días después se anunció el triunfo electoral de la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto.
[4] PEMEX fue creada en 1938.
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