El juicio contra Emilio Lozoya (parte 2/3)

La fisura por donde pudieron haber penetrado los intereses lucrativos en los hidrocarburos no se encontraba en el texto constitucional, que a pesar de lo que fuera, logró equilibrar los intereses de todos los grupos sociales y protegió los recursos nacionales para beneficio de la población. El socavón se encontraba en la clase política, cada vez más desgastada por la 

represión contra los campesinos y los obreros (movimientos sociales de 1950-1970) donde las centrales sindicales de estos grupos, creadas por el “partido oficial” - surgido del poder para mantener el poder- ya no defendían los derechos de sus agremiados.

 

Hay que agregar la represión contra los estudiantes (1968-1971), los consuetudinarios fraudes electorales en los puestos de representación popular de menor rango, la indiscutible designación del sucesor presidencial - un miembro “destacado” del PRI, por supuesto, al que solía llamársele “el tapado”- hecha por el propio presidente en funciones, el impedimento legal para la participación política de partidos de oposición, la corrupción sobre todo en los años 1970 cuando hubo un flujo inconmensurable de dinero por la venta de petróleo crudo del que la población no se benefició. En síntesis, casi todos los integrantes del partido oficial eran insalvables, lo mismo que la burocracia que se había formado en ese partido o bajo su influencia, por consiguiente, cada vez era más difícil contar con el apoyo social.

 

En la década de 1980 el partido llegaba a un punto crucial, la Revolución ahora representaba represión, corrupción y fraude. La alternativa del PRI ante vencer o morir fue buscar una imagen distinta. Entonces llegó una generación de políticos jóvenes con un discurso “moderno” y novedoso que se deslindó de la Revolución -que parecía heredar principios insostenibles-. Hicieron posible el innovador ideario del neoliberalismo[1] que se resume, en una palabra, modernidad.

 

La modernidad significó la incorporación del país a una economía global -donde los mexicanos cambiamos oro por espejos como en la conquista- con mano de obra poco calificada y el regreso a la venta de materias primas sin procesar, con un estado reducido en su capacidad económica y política que transfirió los recursos públicos a los empresarios privados, la ley de la oferta y la demanda tenía que regular las relaciones sociales y productivas. En síntesis, la subordinación de la política y de todo lo público a los intereses económicos de un grupo vinculado a intereses extranjeros. Aquellos políticos iniciaron la obra de la desintegración del Estado y el debilitamiento de la sociedad. 

 

Los cambios se dieron en el orden jurídico primero, si había protesta o un rechazo abierto de la sociedad la respuesta de los nuevos gobernantes fue invariablemente la represión. Disolución de empresas altamente productivas, despidos masivos de trabajadores, aumento de la violencia, destrucción de la seguridad social y laboral, así como el aniquilamiento del salario que ha empobrecido a la sociedad mexicana, han sido una constante desde entonces. Es necesario mantener nuestra atención centrada en los efectos del “modelo político y económico”, porque destruyó la fortaleza moral de los mexicanos, que con el paso de los años facilitó las condiciones que llevaron al entorno del hecho histórico al que me refiero en el título.

 

A pesar de todos “los esfuerzos” de ese nuevo grupo priísta por mantener el poder dentro de su control y volver moderno a México, no vieron terminada su obra en dos o tres sexenios, tampoco pudieron mantenerse en el gobierno. Fue necesario jugar al juego de la alternancia política. El PAN[2] (des)gobernó a México de 2000-2012 y adoptó el mismo patrón económico, sin alguna aspiración política novedosa más que conservar el poder, incluso el segundo gobierno panista fue posible por el fraude electoral de 2006, el gobierno de Vicente Fox no fue capaz de conseguir que la gente se convenciera de votar por el mismo partido (PAN) que, al verse perdidos, optaron por el fraude tal como ocurrió en 1988   -entonces fue un candidato del PRI[3] el que llegó gracias a un fraude-. Fue necesaria una segunda generación de priístas neoliberales para concretar los planes de reformar la Constitución y cambiar el rumbo del país, éstos se han comportado más feroces e insaciables que sus progenitores. Continuaron el proyecto original ahora ligados    -indisolublemente- a los panistas. A pesar de esto, no hay que perder de vista a sus antecesores de la década de 1980.

 

La relevancia del juicio de Emilio Lozoya no se equipara a ningún otro en nuestra historia del siglo XX. México tiene en su acervo varios episodios en los que se ha comprometido la soberanía nacional, lamentablemente parece que nos volvemos a poner en el mismo sitio con cierta regularidad, y en cada escampada perdemos un trozo de dignidad. 

 

Nuestra nación fue despojada de la mitad del territorio en 1848, tuvimos cuatro invasiones en el siglo XIX, la última intervención[4] nos costó la ocupación del territorio durante poco más de cinco años y el establecimiento de una monarquía, aún cuando el pueblo mexicano había decidido constituirse en una república desde 1824.

 

Cinco años de guerra civil tomó a los mexicanos lograr la expulsión del invasor, no llegó solo, lo trajeron los conservadores mexicanos que esperaban restituir un régimen monárquico con una perspectiva más sui géneris aún, la casa reinante debía ser extranjera. Pidieron un rey a las monarquías católicas de Europa, los conservadores lograron que enviaran a México a Maximiliano de Habsburgo con el beneplácito de Francia. ¡Por fin tenían un rey! No se trataba de cualquier rey, se trataba de un Habsburgo, de la casa de los Austrias, como cuando empezó la colonia, igual que el primer monarca de estas tierras.

 

Para terminar con este episodio se estableció un tribunal militar de acuerdo con el decreto presidencial relativo a delitos contra la Nación del 25 de enero de 1862 emitido por el presidente constitucional Lic. Benito Juárez García en plena invasión de España, Francia e Inglaterra, para enjuiciar al Emperador por delitos contra la nación, por prolongar la guerra civil y por usurpación de funciones. A los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón que conspiraron contra el gobierno constitucional de Benito Juárez y favorecieron el establecimiento del II Imperio, se les acusó de traidores a la patria, los tres fueron fusilados el 16 de junio de 1867. México pone un límite ejemplar a tantas ofensas de las potencias invasoras y a los conservadores que tanto clamaban por un gobierno extranjero.

 

                       

               General Tomás Mejía                                                  General Miguel Miramón

 

A principios del siglo XX las inversiones extranjeras son la nueva forma de dominación y la peor de las conquistas es la económica, como lo dice José Vasconcelos[5], porque es más perversa, subyuga a los pueblos a través del hurto de los medios materiales de subsistencia hasta llevarlos a la más absoluta humillación. El pueblo de México se sacude esta dominación a través de las armas, esta vez le toma casi diez años y una revolución armada de mexicanos contra mexicanos para liberarse de las condiciones impuestas para favorecer a las compañías extranjeras y de la dictadura que ha puesto al país a su servicio.

 

El juicio de Emilio Lozoya representa la acusación de los mexicanos contra un conjunto de personas de origen mexicano también que, ominosamente han conspirado con extranjeros para afectar los intereses de la nación con la apertura a la inversión privada nacional y extranjera en la explotación de hidrocarburos y la desintegración de la empresa insignia de nuestra soberanía económica, que tantos esfuerzos tomó para su consolidación.

 

PEMEX ha sido desmantelada para obligar al Estado mexicano a permitir la participación de las empresas privadas nacionales o extranjeras en cada una de las áreas debilitadas, incluso, en los contratos firmados entre las compañías que actualmente participan en la explotación del petróleo, se ha establecido que PEMEX provea prioritariamente de los insumos necesarios a estas empresas a precios preferenciales, de lo contrario se hace acreedora a una serie de penalizaciones que necesariamente llevan a la quiebra, causando una incalculable pérdida de recursos a la nación mexicana.

 

Emilio Lozoya actualmente está siendo enjuiciado por varios delitos tales como tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito. Hasta el momento no tiene una acusación por traición a la patria, pero es importante saber en qué consiste este delito pues las reformas que resultaron del citado proceso modernizador tienen la participación de empresas extranjeras en decisiones exclusivas de los mexicanos y han dejado como consecuencia el envilecimiento de la vida política, el quebranto económico que padece México en estos momentos y la descomposición social. 

 

De acuerdo con el Código Penal Federal, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de enero de 2020 el delito de traición a la patria se define de esta forma:    

 

Libro Segundo, Título Primero: Delitos Contra la Seguridad de la Nación.

Capítulo I Traición a la Patria

 

ARTICULO 123.- Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: 

 

I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; 

II.- Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México. (párrafo 1 de 3)

XII.- Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración[6];

 

Este artículo contine quince fracciones, sin embargo, me limité a transcribir las fracciones que hasta el momento se pueden identificar en el proceso jurídico del Sr. Lozoya.

 

Es imprescindible que el juicio de Emilio Lozoya no se vuelva algo trivial. No es un vulgar acto de hurto. Se organizó deliberadamente un mecanismo de robo de recursos naturales en el que participaron los tres poderes de la unión, medios de comunicación y empresarios tanto mexicanos como extranjeros, se comprometió el territorio nacional, suelo y subsuelo, se maquinó el acto a través del uso de leyes totalmente lesivas a la nación pues no sólo se modificó la Constitución sino todas aquellas normas secundarias involucradas en el manejo de hidrocarburos y se elaboraron contratos que hacían imposible su disolución, de tal suerte que de afectar los intereses de Odebrecht y de otras empresas extranjeras con las mismas características, se pone en riesgo la seguridad nacional. 

 

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[1] Teoría económica creada después de la Segunda Guerra Mundial por el filósofo y economista Friederich August von Hayek que cobró gran impulso en América Latina a partir de 1972. Defendía los principios del capitalismo más agresivo frente al modelo económico de la escuela de John Mynard Keynes.  Propone la privatización de los servicios y empresas públicas para hacerlos eficientes y rentables, la eliminación de subsidios para fomentar la productividad y el gasto de la población y la mercantilización de todos los aspectos de la vida. En cambio, el modelo de estado de bienestar que propuso Keynes busca un capitalismo social, basado en el fortalecimiento para que sea capaz de regular las relaciones de producción (capital-trabajo), fomentar el empleo y distribuir la riqueza a través la recaudación proporcional de impuestos, la inversión en obra pública y la seguridad social, fomentando la creación de empresas para fortalecer el mercado interno.

 

[2] Partido Acción Nacional creado en 1939 para revertir las expropiaciones en el sector energético y del petróelo del gobierno de Lázaro Cárdenas, por pensadores y miembros de la Liga Nacional Sinarquista, organización de práctica católica que luchó por suprimir los artículos 3º, 27º y 130º constitucionales que limitaban sus actividades religiosas, su derecho a la propiedad, la práctica de culto y sus derechos políticos. En los años 1926-1929 organizaron la Guerra Cristera de los fieles católicos contra el Estado mexicano en el centro y el norte del país. 

[3] Enrique Peña Nieto.

[4] En diciembre e 1861 llega al puerto de Veracruz una Alianza Tripartita para exigir a México el cobro de la deuda que se tiene con esas naciones, producto de diversos créditos solicitados por el grupo conservador mexicano encabezado por Juan N.Almonte, Tomás Mejía y Miguel Miramón entre los años 1858-1860. Inglaterra, España y Francia amenazan con hacer la guerra a México si se opone a pagar inmediatamente. El presidente Juárez acepta pagar en plazos, Inglaterra y España abandonan las costas mexicanas y esperan el pago en sus países. Francia en cambio falta a su palabra y mantiene a su ejército junto con un refuerzo belga que se establece antes de la llegada de Maximiliano y se quedan hasta mayo de 1867. El 16 de junio de 1867

se formaliza el fin de la invasión con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo.

[5] Vaconcelos, J. Breve Historia de México (1956). Compaía Editorial Continental. México

[6] Código Penal Federal de México. Consultado el día 2 de agosto de 2020 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Federal.pdf

 

El juicio contra Emilio Lozoya (parte I/3)

 

Existen dos tipos de juicio uno de carácter jurídico y otro de carácter moral. El primero tiene una implicación colectiva, es relativo a conductas que dañan a la sociedad. Este juicio califica el cumplimiento de las normas legales, involucra a jueces y a un cuerpo de investigación para realizar este trabajo, ellos representan a la sociedad y tienen el mandato del soberano -el pueblo- de hacer cumplir nuestra Constitución y las leyes que deriven de ella[1]. Son procesos que deben tener por objeto la reparación del daño causado y la asignación de una pena aleccionadora que evite que una persona vuelva a cometer la misma falta u otras distintas. Su fin es salvaguardar el orden social.

 

El juicio moral es relativo a la conducta individual, es aquel en el que no participa un juez como figura de autoridad sino la conciencia propia y la comunidad que establece los límites de la conducta humana. La sociedad señala lo que es aceptado hacer y lo que es rechazado, exige comportamientos apegados a usos y costumbres, éstos se transmiten de generación en generación haciendo posible que cada individuo modere su conducta, de no hacerlo sufriría el rechazo social, por consiguiente, moldea la conciencia individual. Esta conciencia nos permite asumir nuestro lugar en la sociedad, discernir lo conveniente de lo inconveniente y asumir la responsabilidad de nuestros actos.

 

Ambas clases de juicios se relacionan. Lo moral es el conjunto de los mejores hábitos a los que aspiran todas las sociedades, por lo tanto, su cumplimiento consiste en la realización de la conducta ideal esperada, por ejemplo, si una sociedad aspira a formar ciudadanos valientes, cuando se presentase una guerra, todos los ciudadanos acudirían a defender su territorio con valentía. De esta forma se cumple con la conducta esperada. En un juicio ¿cuál sería la conducta esperada? Que el juez concluya una sentencia justa, en otras palabras, que se ciña a los códigos necesarios y emita una sentencia apegada a la magnitud del delito, condición ineludible para medir el daño causado y el alcance de la reparación. En síntesis, la práctica de lo moral radica en que se haga justicia, que es el mejor de los actos esperados de un juez.

 

En el caso del juicio moral la aspiración es poder moderar nuestro comportamiento y hacer siempre lo que se debe hacer, no lo que se quiere. El deber es producto de una aspiración social de buscar el mejor comportamiento, y aunque no se lograra en cada miembro, el sólo hecho de aspirar a lo mejor, ya es un impulso suficiente para temperar la conducta. 

 

Actualmente nuestro país está transitando por un juicio legal en contra de Emilio Lozoya Austin el exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de 2012 a 2016, la empresa estatal de extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos en México que alguna vez fue la 13ª empresa más rentable del mundo. 

 

Este hombre ha sido acusado por recibir diez millones de dólares de la empresa brasileña de capital privado Odebrecht, con el fin de conseguir contratos para la explotación de petróleo en México. Sin embargo, esta compañía estaba impedida para trabajar en nuestro país pues la Constitución Política prohibía -hasta antes de 2013- la participación de capital privado en la explotación petrolera porque era considerada como una industria estratégica para financiar el desarrollo nacional y debía ser manejada exclusivamente por el Estado.

 

Para conseguir el propósito de Odebrecht debían cumplirse dos condiciones, la primera que ganara el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de 2012, Enrique Peña Nieto. Tanto Lozoya como Peña Nieto militaban en el mismo partido que se formó[2] para mantener el poder político y militar que lograron los generales victoriosos de la Revolución a partir de su participación en el Ejército Constitucionalista -que defendía el orden jurídico de la Constitución Política de 1857-. Este grupo coronó su triunfo con la elaboración de una nueva Constitución en 1917 que, pese a todos los intentos de destruirla, sigue vigente hasta hoy día.

 

No obstante, desde hace cuarenta años aquel partido político inició varios cambios a la Constitución para posibilitar la inversión privada en los sectores estratégicos de la economía que no sólo incluyen a los hidrocarburos codiciados por Odebrecht sino también por las empresas extranjeras que ya habían explotado el petróleo a finales del siglo XIX hasta 1938. Como candidato del PRI, Peña Nieto continuaría con el plan de su partido facilitando las reformas necesarias.

 

La segunda condición consistía en reformar la Constitución para permitir la explotación y comercialización petrolera y de hidrocarburos en general. El camino de la transformación constitucional ha sido paulatino y con muchas adversidades pues la sociedad se ha opuesto a la pérdida de casi todas las empresas del estado que incluían las áreas esenciales de la economía: agricultura, industria textil, automóviles, ferrocarriles, minería, energía eléctrica, hidrocarburos, aviación, banca, construcción y telecomunicaciones con las respectivas industrias derivadas de cada una. Los cambios a la Constitución son un atentado en contra de la identidad nacional, han transformado los principios del pacto social de 1917 que dio a los mexicanos el fundamento jurídico para proteger la soberanía de nuestro territorio, permitió establecer relaciones equitativas entre el capital y el trabajo y sobre todo consolidó un Estado fuerte que hiciera cumplir la propia Constitución.

 

Emilio Lozoya contribuyó a hacer realidad el propósito de Odebrecht mientras se desempeñaba como director de PEMEX, con el dinero de la empresa brasileña -diez millones de dólares inicialmente- que sirvió para financiar una cadena de corrupción que incluyó aportaciones a la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto[3]  y posteriormente los sobornos a los legisladores particularmente del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN) para que no obstaculizaran la reforma energética. La traición a la patria también tiene precio.

 

PEMEX[4] surgió como resultado de la Revolución junto con la educación pública, la separación de los poderes del Estado y de la Iglesia y la protección de los derechos de los obreros y los campesinos; simboliza la emancipación económica de México de sus nuevos colonizadores de origen anglosajón, la lucha del pueblo de México contra sus autoridades ilegítimas, que se comportaban alevosas con el pueblo y sumisas ante las potencias extranjeras que tenían secuestrado al país a través de “las inversiones”. La Revolución Mexicana tomó diez años y un millón de vidas, su materialización fue la propia Constitución que prácticamente desde el día siguiente de su promulgación ha puesto al país en una lucha permanente por su aplicación y observancia, por otro lado, ha provocado el acecho de todos los capitales privados nacionales y extranjeros que resultaron afectados con la aplicación de la Constitución para aprovechar cualquier resquicio jurídico y volver a apropiarse del petróleo, del suelo y del subsuelo.

 

 

El desarrollo económico del país entre los años 30 y 70 del siglo pasado se fundamentó en la explotación de los recursos naturales y en el procesamiento del petróleo que le dieron a México la posibilidad de desarrollar al resto de la industria, mantener a la sociedad con acceso a fuentes de empleo, satisfactores básicos a precios accesibles -a mediados de 1970, sólo tres de cada diez mexicanos eran pobres, actualmente sucede lo contrario, siete de cada diez son pobres- y  estabilidad política a pesar de que el PRI se volvía cada vez más despótico y represor con la sociedad.

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[1] El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y de la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. (Art. 41º párrafo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

 

 

[2] En 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario.

[3] La campaña inició en 2012. El 1º de julio de 2012 se llevó a cabo la elección presidencial y tres días después se anunció el triunfo electoral de la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto.

[4] PEMEX fue creada en 1938.

¿Cuándo regresamos a clase en el aula?

 

A partir del 17 de marzo de 2020, maestros, alumnos, personal administrativo del sector educativo y aquellos involucrados con esta rama, detuvieron abruptamente las actividades en el acostumbrado sitio de reunión, la escuela.

 

Continuaron por ese camino las actividades políticas, culturales y administrativas del país, de tal suerte que para el 31 de marzo se redujeron las labores a nivel nacional, por increíble que parezca, dos de los poderes de la unión, legislativo y judicial, quedaron incluídos en esta paralización obligatoria pese a que su ámbito de competencias es de seguridad nacional. 

 

La justificación fue una y la misma en todo el mundo que de manera simultánea detuvo las actividades laborales y económicas: una epidemia mundial causada por una novedosa enfermedad de tipo viral, como una gripe, llamada coronavirus, que hasta aquel momento pocas personas habían sufrido pero que coincidían en una sintomatología semejante, dolores musculares fortísimos, con gran velocidad de contagio que, en caso de padecer algún tipo de enfermedad autoinmune o afecciones respiratorias, renales o biliares podía causar la muerte casi inmediata. Esto obligó a cerrar el contacto de los países entre sí, inmovilizando a toda la población para evitar el contagio.

 

Aún cuando la enfermedad se encuentra en fase de estudio y no se han determinado las causas de su aparición y sus efectos, los colaboradores médicos y científicos de todos los países tomaron las decisiones sobre el manejo social de la enfermedad y los gobernantes han adaptado la vida política, económica, educativa y cultural a “las determinaciones de los científicos”.

 

A partir de estas decisiones comenzó un confinamiento de la población que continúa parcialmente hasta la fecha, nadie imaginaba que tomaría tanto tiempo. Ahora los daños emocionales, económicos y sociales -inconmensurables en sí mismos además de que nadie los pondera- han llevado a estimaciones tales como la pérdida de un millón y medio de empleos en México y veinticuatro millones en América Latina o una aproximación de ciento noventa y cinco millones de empleos perdidos a nivel mundial hasta el mes de abril de este año, hecha por la misma Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El sustento ideológico de tales medidas ha sido el siguiente: evitar la transmisión y potencialmente la muerte de millones de personas en el mundo a causa de esta enfermedad. Hasta el momento el manejo exclusivamente “científico” de la epidemia ha dejado de considerar factores filosóficos, políticos, económicos, psicológicos y educativos en medio de la emergencia que parece haber tomado por sorpresa a la misma comunidad científica, a pesar de que esta enfermedad tiene una nomenclatura que implica un orden numérico el cual, supongo debe corresponder al orden de aparición: COVID 19.

 

No obstante, la complejidad del manejo de esta enfermedad se acentúa por el “discurso científico” y político -dejemos a un lado por el momento al discurso comercial- donde impera la indefinición para terminar el confinamiento porque la enfermedad parece carecer de solución, ni siquiera se cuenta con un tratamiento que haya probado ser eficaz. Me alegra darme cuenta de que, pese a todo, seguimos vivos más de 7,000, 000 000 de personas en el mundo.

 

En cambio, las autoridades políticas y administrativas han tomado decisiones sobre lo concreto, sobre lo real, sobre lo ya existente como es -entre muchas otras cosas- la educación y su continuidad. Las escuelas se mantienen cerradas por tiempo indefinido, hasta que el semáforo que regula las actividades cambie de color y se encuentre en verde, por ahora llevamos un mes en semáforo naranja y para llegar a verde necesitamos transitar a amarillo primero.

La justificación de esta decisión se fundamenta en un nuevo paradigma que ha impulsado el grupo científico en esta epidemia: los niños y jóvenes no son grupos susceptibles de contraer la enfermedad, aunque puede haber excepciones, en cambio pueden ser “portadores asintomáticos” por lo tanto pueden contagiar a sus familiares y poner en riesgo de muerte a los más ancianos por lo que es preferible mantener a los niños dentro de casa. De esta forma la escuela se plantea como un lugar de altísimo riesgo de transmisión de COVID-19 pues se reúnen cotidianamente un número grande de personas.

 

La solución que se ha planteado es transmitir contenidos temáticos a través de la televisión para los niveles educativos de preescolar hasta medio superior. En el caso de las instituciones de educación superior, la forma de continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje será el sistema a distancia a través de computadoras e internet. A simple vista las medidas tomadas al respecto parecen la única solución ante “el peligro incontrolable” que representa la enfermedad y la necesidad de continuar con “la educación” de los niños y jóvenes.

 

Mencionaré algunos aspectos que resultan preocupantes de esta decisión.

 

Ha desaparecido -por el momento- el estado saludable de la vida de nuestros niños y jóvenes para convertirlos en “transmisores asintomáticos” que deben mantenerse resguardados para que no contraigan la enfermedad que puede llevar hasta la muerte a sus familiares en caso de ser contagiados. ¡Qué tremendo discurso!

 

Esta “postura científica” es contraria a toda evidencia de la convivencia social de los seres humanos, que han encontrado el desarrollo de todas sus capacidades y su realización sólo dentro de la sociedad con la convivencia que ésta requiere. No hay un testimonio o un registro histórico de la realización humana en medio del aislamiento. Por naturaleza los niños y los jóvenes buscan a sus pares para convivir en su etapa de desarrollo, son con los únicos que comparten las mismas necesidades y con los que practican su integración a la sociedad. En cambio, de los adultos reciben protección, guía y seguridad y el desarrollo integral de los niños y jóvenes depende de la sana convivencia entre ambos grupos.

 

En segundo término, se encuentra el “paradigma científico” de que los adultos somos vulnerables, aún más aquellos que rebasan los sesenta años -como si la existencia de toda forma de vida en la tierra no hubiese demostrado que en el ciclo de la vida después de la generación viene la corrupción- y se empeora el asunto si se padece de enfermedades autoinmunes o crónicas. Prácticamente han desaparecido la posibilidad de la salud plena en los adultos. Este paradigma contribuye a reforzar “el planteamiento científico” de mantenernos separados de los jóvenes.

 

Acumular años no es un defecto ni una desviación de la naturaleza, al contrario, representa la superación de limitaciones psicológicas y sociales, la adquisición de conocimientos y experiencia, el fortalecimiento de nuestro espíritu, que contribuye a guiar a los jóvenes y darles un soporte moral, los adultos somos la memoria de la sociedad. Efectivamente el cuerpo se vuelve más frágil con el paso del tiempo, pero ganamos fortaleza de espíritu, vivimos a causa del alma (Aristóteles, Ética Magna). 

 

Resulta inconcebible leer encabezados de periódico o de cualquier medio de comunicación, el cálculo del número de estudiantes que desertarán en cada uno de los niveles educativos por no tener los recursos para acceder a las nuevas formas de impartir datos a través de aparatos electrónicos y de otras vías remotas, en vez de transmitir a ocho columnas los esfuerzos que todos los gobiernos del mundo deberían hacer para evitar justamente la deserción. Deserción educativa y desaparición de fuentes de trabajo inevitablemente resultarán en un número mayor de gente vulnerable a causa de la pobreza y la imposibilidad de movilidad social.

 

Cuando se interrumpió el proceso de enseñanza-aprendizaje  la expectativa era retomar las clases tan pronto como fuera posible, jamás se planteó cambiar las condiciones del proceso o postergar indefinidamente -hasta llevarlas al olvido por anteponer la salud-, las demandas que estaban pendientes por resolver por ejemplo, en lo relativo a las condiciones laborales: otorgar plazas definitivas de tiempo completo para los docentes, reorganización y democratización sindical, recuperación de derechos vulnerados en la reforma educativa anterior, definición de un modelo educativo nacional que hasta el momento se encuentra desdibujado, que incluya la misión del magisterio conforme a un proyecto de nación, entre muchos otros. 

En lo relativo a los estudiantes quedaban pendiente por resolver: la ampliación de la matrícula, la creación de más centros educativos, resolver casos de acoso sexual, ampliación de la cobertura de becas, etc. Hoy parece que nadie se acuerda de esto y el discurso político se centra en las condiciones de salud como un determinante para el regreso a clases en el aula. 

 

Lo que se presenta aún más preocupante es que tanto los temas anteriores, que no son menores, como la propia atención a los estudiantes para completar su educación, han pasado a segundo término y muchos tenemos el temor de que la forma de llevar a cabo esta solución pueda ser la antesala de otra de las consecuencias del “manejo científico” de la epidemia: el desmantelamiento de la educación como el principal elemento de cohesión social, de construcción de nacionalismo, incluso de la conjuración del modelo político anterior y la restitución de la soberanía nacional a través de la formación de estudiantes fortalecidos en conocimientos y conciencia, ya que los maestros no hemos sido convocados para buscar una solución a esta eventualidad, ni siquiera para transmitir nuestro conocimiento y experiencia para diseñar los programas a distancia. La educación es la instrucción por medio de la acción docente, es la crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y jóvenes (RAE en línea)

 

Antes de retomar las clases en este modelo que proponen es necesario establecer la temporalidad del proyecto, abandonar las indefiniciones, pero, ante todo, recobrarnos del knock out que nos asestaron con el discurso del terror, armarnos de valor para continuar viviendo y fortalecer nuestro espíritu con las adversidades. El aula es el espacio donde podemos reconstruir nuestra convivencia social y fortalecer nuestro espíritu de comunidad para sobreponernos a los daños que ha dejado esta epidemia. Abandonemos el miedo y asumamos los retos que implica el vivir.

FOTO: UNICEF/Mauricio Ramos

En https://www.unicef.org/mexico/educación-y-aprendizaje